La Iglesia católica: privilegios en alza, feligreses a la baja

La medida, analizada en Público por un catedrático emérito de Filosofía del Derecho de la Universidad Pablo de Olavide, no es un episodio aislado: forma parte de una cadena de privilegios que la Constitución de 1978 no resolvió y que cada Ejecutivo reordena sin tocar de raíz. Mientras tanto, la asistencia a las parroquias y la vida religiosa de base continúan su retroceso. La pregunta es de calado organizativo, no coyuntural.

Una escalera que no se desmonta

El artículo 16.3 de la Constitución establece que "ninguna confesión tendrá carácter estatal". El principio de aconfesionalidad, sin embargo, convive con un entramado de excepciones que el análisis describe como una escalera gigantesca de privilegios: capellanes hospitalarios, capellanes militares de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, profesores de Religión católica en los Institutos de Enseñanza Secundaria. Según el autor, el PP en el Gobierno amplía ese tratamiento; el PSOE, cuando gobierna, no se atreve a modificar la situación jurídica privilegiada de los católicos. Gobierno tras Gobierno, la estructura se reproduce.

La otra cara: feligreses a la baja

El privilegio se expande por arriba; la feligresía se contrae por abajo. El diagnóstico no necesita cifras para señalar una desproporción: una institución que conserva cotas institucionales de hace cuatro décadas mientras pierde presencia real entre la población difícilmente puede sostenerse sin una revisión interna. Aquí no valen las lamentaciones piadosas. Hace falta un diagnóstico preciso de por qué la oferta pastoral no conecta con las nuevas generaciones y por qué, al mismo tiempo, se siguen negociando cuotas de presencia pública.

Qué observar como comunidad

Para una orden como la nuestra, dedicada a la vida apostólica en parroquias, colegios y residencias, esta tensión tiene consecuencias prácticas:

• La presencia institucional (capellanías, enseñanza) se asegura por negociación política, no por demanda pastoral. Si cambia el signo del Gobierno, puede retroceder con la misma facilidad con la que avanza.
• La desconexión entre feligresía y aparato exige repensar la formación, la vida comunitaria y la propuesta espiritual. No basta con mantener estructuras heredadas.
• Conviene seguir de cerca cómo se concretan las 117 plazas andaluzas y qué modelo de atención religiosa se ofrece: si sustituye o se superpone al voluntariado pastoral ya existente.

La cuestión de fondo no es jurídica, aunque lo parezca. Es de identidad: qué tipo de presencia queremos tener en la sociedad española del siglo XXI y con qué mimbres pastorales la sostenemos.