Tres comunidades autónomas rechazan el traslado de menores migrantes desde Ceuta

Como informa La Vanguardia, los vicepresidentes de VOX en Extremadura, Aragón y Castilla y León han remitido cartas a la ministra de Juventud, Sira Rego, en las que comunican que no asistirán a la Comisión Sectorial de Infancia y Adolescencia del próximo 13 de agosto y rechazan el traslado a sus territorios de los menores migrantes llegados a Ceuta. La decisión política contrasta con el llamamiento de la Conferencia Episcopal Española, que reclama una respuesta "adecuada" para los más de 1.000 menores censados tras los episodios del 30 y 31 de julio.

La negativa de tres comunidades

Los firmantes —Óscar Fernández (Extremadura), Carlos Pollán (Castilla y León) y Alejandro Nolasco (Aragón)— sostienen en sus misivas que la convocatoria ministerial no contiene "ni una sola mención" a los hechos que califican de gravísimos: la entrada masiva que, a su juicio, puso en riesgo la seguridad nacional, el orden público y la integridad de los españoles. Exigen que los 1.342 menores oficialmente registrados no sean reubicados mientras no concluyan los expedientes individualizados —que consideran legalmente exigibles— y anuncian que impugnarán todo expediente que no finalice con el retorno a Marruecos. Amparan su rechazo en el cumplimiento "estricto" del ordenamiento jurídico nacional e internacional y en el principio del interés superior del menor, y recuerdan que el Consejo y el Parlamento Europeo han calificado a Marruecos como país seguro y que su Gobierno ha expresado la voluntad de recuperar a los menores marroquíes en suelo español.

La voz de los obispos

Desde la Conferencia Episcopal Española, el director del Departamento de Migraciones, Fernando Redondo Pavón, ha reclamado, por medio de un comunicado, actuar "con responsabilidad, humanidad y celeridad" ante una crisis que ha dejado cerca de 200 personas fallecidas en el mar. Redondo manifiesta su solidaridad y agradecimiento al pueblo ceutí por la presión soportada y su actitud de acogida, y apela a las autoridades para que ofrezcan una respuesta urgente a los más de 1.000 menores que necesitan ser acogidos y protegidos, así como a las cientos de personas subsaharianas susceptibles de protección internacional. Vida Nueva y Alfa y Omega se han hecho eco de este posicionamiento.

La cuestión de fondo

El pulso abierto deja al descubierto una tensión que interpela directamente a la comunidad eclesial: cómo se articula el respeto al marco legal y a los procedimientos individualizados con la obligación moral de acogida que han invocado los obispos. No se trata de elegir entre derecho y caridad, sino de verificar si el ordenamiento permite resolver cada expediente sin convertir la espera en desamparo. La Comisión del 13 de agosto marcará si esa tensión encuentra cauce institucional o si, por el contrario, se enquista en un cruce de negativas que deje a los menores sin respuesta efectiva. Conviene seguir el desarrollo con atención y sin precipitar lecturas.