La Iglesia reclama un protocolo nacional para la sepultura digna de bebés abandonados

La Arquidiócesis de México, mediante el editorial del semanario Desde la Fe, ha pedido a las autoridades sanitarias, forenses y a los gobiernos locales un mecanismo nacional que permita entregar los cuerpos o restos de bebés abortados, abandonados o no reclamados a asociaciones legalmente acreditadas para su sepultura. La solicitud no busca reabrir el debate sobre las circunstancias de cada muerte; plantea, en cambio, una cuestión previa: cómo trata una sociedad los restos de quienes ya no tienen a nadie que hable por ellos. Para nuestras comunidades, la propuesta interpela directamente a la organización pastoral: qué protocolos concretos estamos dispuestos a sostener cuando la familia, el Estado o la sanidad pública dan por cerrado el caso.

Un protocolo, no una excepción

El reclamo apunta a un procedimiento estable, no a soluciones puntuales. Una vez cumplidos los trámites legales y periciales, los cuerpos deberían pasar a instituciones acreditadas, capacitadas para ofrecer sepultura digna y, cuando proceda, acompañamiento a las familias. La Arquidiócesis subraya que esta posibilidad debería abrirse en todo el país, no solo en algunas entidades. Como referencia operativa cita a la Asociación Civil Inocentes de María, en Jalisco, que mantiene un acuerdo con el gobierno estatal desde marzo de 2002 y un convenio con la Fiscalía estatal para recibir restos de menores no reclamados y darles sepultura. Es un modelo mínimo, pero articulado: acredita, suscribe y opera dentro del ordenamiento.

La dignidad como cuestión de fondo

El editorial rehúye la disputa ideológica y se sitúa en un terreno más elemental: el cuerpo humano, después de la muerte, debe ser tratado con respeto por su propia dignidad humana. Desde ahí describe una realidad incómoda: son frecuentes los casos de bebés en gestación avanzada y de recién nacidos abandonados en la vía pública, en hospitales o entre residuos, algunos sin ser reclamados. Añade un dato pastoral relevante: existen familias que han sufrido una pérdida gestacional y desconocen que, en determinadas circunstancias previstas por la legislación, pueden solicitar los restos de su hijo para despedirlo. La Iglesia recuerda que ya operan apostolados que, mediante acuerdos con autoridades y siguiendo los procedimientos legales, reciben esos cuerpos — y precisa que no pretenden sustituir a las familias ni obstaculizar investigaciones judiciales o sanitarias.

Lo que queda por articular

El alcance real de la petición se medirá en los próximos meses por decisiones muy concretas: qué diócesis mexicanas articulan cauces estables con sus fiscalías y servicios forenses; qué congregaciones —entre ellas las nuestras— se suman a la red de asociaciones acreditadas; y si la propuesta se limita al ámbito mexicano o suma adhesiones en otros países de la región. Para la Orden de Agustinos Recoletos, el reto no es doctrinal: es organizativo. La pregunta de fondo ya la formuló la Arquidiócesis con una precisión que conviene asumir como propia: qué hace una comunidad creyente con los cuerpos que el mundo descarta.