El Defensor del Pueblo tramita 450 expedientes por abusos en el ámbito eclesiástico
La oficina del Defensor del Pueblo gestiona 450 expedientes de personas que solicitan reconocimiento como víctimas de abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica, según los datos publicados por El Confidencial.
De ellos, 149 se encuentran ya en la fase final de tramitación y 105 víctimas han sido entrevistadas de forma individualizada hasta el 31 de julio.
El protocolo y sus plazos
El marco operativo es el Protocolo firmado el 30 de marzo de 2026 por la Iglesia, el Gobierno y el Defensor del Pueblo. La Unidad de Víctimas, en funcionamiento desde el 15 de abril, recibe los casos derivados por el Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. La componen profesionales independientes con experiencia en victimología, psicología, criminología y ramas jurídicas, y aplica criterios de admisión propios.
La cláusula octava fija un plazo máximo de tres meses para emitir resolución —reconocimiento o denegación de la condición de víctima—, ampliable un mes adicional cuando concurra un volumen extraordinario de solicitudes o especial complejidad. Hasta la fecha se han rechazado cuatro expedientes por no ajustarse a los parámetros del Protocolo.
Las modalidades de reparación
El acuerdo distingue tres vías: simbólica, restaurativa y económica. Las dos primeras apuntan al reconocimiento institucional, al acompañamiento y a la petición formal de disculpas. La tercera prevé compensaciones por el daño y la cobertura de gastos derivados de tratamientos físicos y psicológicos.
Ángel Gabilondo, Defensor del Pueblo, ha enmarcado el proceso en la recuperación integral de la persona afectada y lo ha definido como «un procedimiento flexible, personalizado, profesional y humano», frente al «mero trámite burocrático cosificador».
Lo que se juega en las comunidades
La cifra no es una abstracción administrativa: traduce un volumen que el propio Protocolo asume como potencialmente saturador. Obliga a las instituciones eclesiales —también a órdenes y congregaciones— a separar la reparación institucional genérica de la atención personalizada, que exige tiempo, competencia profesional y verdad procesal.
Para nosotros, como parte de esta Iglesia, el dato sitúa dos preguntas concretas: cómo articular la escucha sin derivarla por defecto a un tercero institucional, y qué recursos —humanos, formativos y económicos— destinamos a sostener procesos que, por su naturaleza, no admiten atajos administrativos. La respuesta a esas preguntas no se mide en comunicados: se medirá en expedientes atendidos con rigor.